(El Salvador) En la protesta participan unas 1.000 familias del Reparto Santa Fe, en el norte de San Salvador, y de otros lugares de esta capital, donde se teme por los efectos en la salud de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas.
Tras años de debates y la presentación de estudios científicos internacionales, tanto favorables como contrarios, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó en un comunicado de mayo del 2011 que esas emisiones son “posiblemente cancerígenas”.
“Es un atentado contra nuestra salud y la de nuestros hijos, no queremos esas antenas aquí”, afirmó Zulma Handal, integrante de la Coordinadora.
Varias investigaciones han detectado síntomas de alteración de la salud, como fatiga, dolor de cabeza, alteración del sueño y pérdida de memoria, entre otros, en personas que viven a menos de 100 metros de distancia de las torres de telefonía inalámbrica.
Actualmente, decenas de antenas de telefonía móvil alteran el paisaje urbano de la capital salvadoreña, habitada por 1,5 millones de personas.
Algunas de esas estructuras se erigieron tras la privatización de las comunicaciones en 1999, pero en los últimos años se incrementaron a medida que las compañías necesitaron ampliar su red y brindar servicios de Internet inalámbrico.
Unos 7,5 millones de teléfonos celulares están activos en este país con 6,2 millones de habitantes.
Del sector participan firmas transnacionales como América Móvil, cuyo propietario es el mexicano Carlos Slim, considerado el hombre más rico del mundo. Con la marca comercial Claro, es la versión privatizada de la estatal Administración Nacional de Telecomunicaciones vendida a France Telecom en 1999 y en manos de Slim desde 2003.
También están presentes en El Salvador la firma española Telefónica y la jamaiquina Digicel.
Las torres comenzaron a ser instaladas con el pretexto de que serían para colocar cámaras de circuito cerrado en parques y paseos públicos, como parte del proyecto de “videovigilancia” para mejorar la seguridad ciudadana, que impulsa el recientemente reelecto alcalde capitalino Norman Quijano, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista.
Sin embargo, IPS pudo constatar en varias comunidades y barrios que las torres finalmente fueron utilizadas para la telefonía inalámbrica, como la ubicada en Centroamérica, en el noroeste de San Salvador, entre otras.
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